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Delito de usurpación

La usurpación es un delito común en España que consiste en la ocupación ilegal de una propiedad o vivienda. Es un problema que ha afectado a muchas personas en todo el país y que se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para las autoridades y los propietarios.

El delito de usurpación se encuentra tipificado en el Código Penal Español en el artículo 245, que establece que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

Sin embargo, en los casos en que la propiedad ocupada sea la vivienda habitual de otra persona, el delito de usurpación se considera más grave y se castiga con penas más severas. En estos casos, el Código Penal establece que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que constituyan morada, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años».

La usurpación no solo es un delito contra la propiedad, sino también contra las personas que la habitan. En muchos casos, los ocupantes ilegales de una vivienda pueden causar daños y perjuicios a los propietarios legítimos, además de poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Por esta razón, las autoridades españolas han tomado medidas para combatir este delito y proteger los derechos de los propietarios. En 2018, el Gobierno español aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que aceleraba los procedimientos judiciales para la recuperación de la posesión de las viviendas usurpadas.

Además, se han creado unidades especializadas en la lucha contra la usurpación en varias ciudades y se han intensificado las campañas de concienciación y prevención para evitar la ocupación ilegal de viviendas.

En resumen, la usurpación es un delito grave que afecta tanto a los propietarios como a los vecinos de una comunidad. Las autoridades españolas están tomando medidas para combatir este problema y proteger los derechos de los propietarios legítimos, y es importante que la sociedad en su conjunto colabore en la prevención y denuncia de este delito.